En el marco de una reforma de la compras públicas, la mayoría de los usuarios deberían participar en la evaluación de las necesidades. En el hospital del que les hablaba habría que optar ya sea por un equipamiento de alta tecnología, para unos pocos afortunados, o por una dotación básica, que redundaría en beneficios para todos los pacientes. Si tal proceso logra instaurar una práctica de transparencia, estará contribuyendo a racionalizar la toma de decisiones.

La reforma también supone que se ajusten los salarios. Por ejemplo, cuando se visitan los locales de almacenamiento de un hospital, o de un Ministerio de Salud o de Obras Públicas, salta a la vista que el personal responsable de los valiosos materiales que allí se depositan está mal remunerados. Ahora bien, esta gente tiene enormes responsabilidades: entregar oportunamente los artículos solicitados a los profesionales que los necesitan; proteger el material de todo deterioro e impedir los robos, y comunicar los niveles de existencias a los encargados de las compras. Su remuneración debería ser compatible con tales responsabilidades.

El comprador sabe con meses de anticipación cuáles serán sus necesidades, por lo que la tentación de llegar a un «arreglo» con algún proveedor es muy grande. Esta situación es una invitación a la corrupción. Habida cuenta de que las compras públicas representan entre el 40 y el 60% del presupuesto del Estado, no es difícil imaginar las proporciones que pueden alcanzar las prácticas ilícitas en la materia.

En la actualidad, ningún gobierno está en condiciones de liberar fondos o autorizar gastos cada vez que surge una necesidad. Los fondos presupuestarios asignados a los ministerios o departamentos se entregan con irregularidad, pues los ingresos del Estado son irregulares. Así, ocurre con demasiada frecuencia que las mercancías se compran a última hora mediante procedimientos de urgencia, que no exigen la convocación a licitaciones.

Pero la reforma también afecta a los donantes. Las más de las veces, las medidas propuestas son saludadas con indiferencia, y los informes terminan en un cajón de escritorio, sin seguimiento. Quisiéramos que los gobiernos que solicitan asistencia técnica para llevar adelante la reforma de las compras públicas consulten a los expertos, presten atención a sus recomendaciones y tomen decisiones efectivas.

En enero de 1998, el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE se reunió con los ministros de Planificación y de Cooperación para el Desarrollo de seis países, con el fin de conocer la opinión de los países en desarrollo sobre la forma en que los donantes trabajamos con nuestros interlocutores. Algunos indicaron que los donantes debían disminuir la asistencia destinada a proyectos y aumentar los recursos destinados a programas y a la ayuda presupuestaria. Ahora bien, no hay que olvidar que los organismos de asistencia al desarrollo están controlados por sus respectivos parlamentos nacionales, que exigen saber con precisión cuánto dinero han gastado y si se han alcanzado los objetivos previstos. Si tienen garantías de que las compras públicas y los métodos contables de los beneficiarios corresponden a criterios irreprochables, estarán en condiciones de aumentar la ayuda presupuestaria.

También se ha pedido dejar de condicionar la ayuda. La OCDE considera que uno de los requisitos previos para que tal «desvinculación» tenga éxito consiste en desarrollar las competencias de los beneficiarios en materia de compras y fomentar determinados criterios de eficiencia y honradez. Dice un informe de la OCDE: «El aumento de la ayuda desvinculada debe ir a la par con los esfuerzos que los países beneficiarios dediquen al fortalecimiento de sus sistemas en materia de compras públicas...»

Basado en el discurso de fondo que la Sra. Robert pronunció en la Conferencia de Abidján.