La ONG de desarrollo ActionAid, del Reino Unido, presentó un recurso legal contra la práctica de la ayuda condicionada ante los órganos de la Unión Europea por considerar que, de no estimularse la participación de los países más pobres en el mercado de los contratos y las compras institucionales, muchos de los aspectos negativos del condicionamiento iban a seguir coartando su desarrollo.