En 1999, ActionAid interpuso un recurso jurídico en el que alegaba que la ayuda condicionada constituía una violación de las normas internas de la Unión Europea (UE) en materia de libre circulación, competencia y compras públicas. La organización querellante fue apoyada por más de 900 miembros del Comité de Enlace de la UE con las ONG.

La causa iniciada por ActionAid reposa sobre dos argumentos. Primeramente, la ayuda vinculada de un Estado impide que las empresas de otros Estados Miembros participen en la licitación de los contratos correspondientes, lo que viola la regla interna de que la UE es un único mercado, y no la suma de 15 mercados, y que por ende el acceso debe ser igual para todos. El segundo argumento se refiere a que la ayuda condicionada es una forma de ayuda estatal, ya que concede ventajas a las empresas nacionales en el proceso competitivo, por lo que debe regirse según las normas de competencia de la Comunidad Europea (CE). Dar ventajas a las empresas de los países donantes constituye una práctica discriminatoria en perjuicio de las empresas de otros Estados Miembros.

La querella de ActionAid dio lugar a una investigación en los 15 Estados Miembros de la UE. Hasta ahora no se ha probado que se haya violado la legislación europea, y la Comisión ha pedido que se presenten antecedentes suplementarios. Según ActionAid, el éxito de su causa será un estímulo decisivo para que la comunidad internacional de donantes ponga fin a la práctica del condicionamiento.

Los esfuerzos de desvinculación de la ayuda no deberían concentrarse exclusivamente en la liberalización del mercado humanitario. De acuerdo con ActionAid, sería preciso combinarlos con medidas encaminadas a crear capacidades locales y favorecer el control nacional de las iniciativas de desarrollo. Al complementar el poder de compra generado por la ayuda con aportes de repercusión estratégica, los gobiernos donantes pueden:

• fomentar la capacidad del sector privado en países en desarrollo, ampliando el acceso de las empresas locales al mercado de la ayuda;

• incitar a las empresas privadas locales a que aprendan a competir en el mercado internacional, y

• enriquecer las competencias de las empresas y consultores locales mediante iniciativas conjuntas, asesoramiento, alianzas y mecanismos de subcontratación.

ActionAid sostiene que al apoyar la responsabilización y control por los interlocutores locales, los proyectos de desarrollo pueden ganar eficacia y sostenibilidad.

La recomendación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (OCDE/CAD), en el sentido de desvincular «en la mayor medida posible» su asistencia a los PMA, fue acogida favorablemente por ActionAid. No obstante, esta ONG advirtió que si bien se trataba de una decisión atinada que probablemente iba a facilitar el proceso de desvinculación, el debate también debía incluir cuestiones como la lista de exenciones, la cooperación técnica, la ayuda alimentaria y la ayuda a otros países, no comprendidos entre los PMA.

Sin medidas de incitación a la participación de los países en desarrollo en el mercado humanitario, persistirán muchos de los aspectos negativos del condicionamiento de la ayuda, como, por ejemplo, la dependencia excesiva respecto de la superioridad tecnológica de los países del Norte. Las licitaciones abiertas que favorezcan las ofertas de las industrias locales podrán estimular al sector privado emergente en los países en desarrollo y generar empleo. Adecuadamente orientadas, las compras humanitarias servirán así para luchar contra la pobreza y la marginalidad.

Para más detalles sobre ActionAid, véase su sitio web (http://www.actionaid.org).