Comprar alimentos ‘verdes’ en supermercados puede ser difícil pues decidir entre productos con etiquetas que indican su origen orgánico, sus calidades de comercio justo o su escasa huella de carbono no es evidente. El reto para los productores de alimentos que se proponen exportar a mercados internacionales puede ser aún más exigente: a menudo la certificación es demasiado cara para los pequeños exportadores.
Hoy en día, la competitividad internacional de los productos no sólo depende del precio y la calidad, sino también de la seguridad y de aspectos éticos y ambientales. Para entrar en mercados lucrativos, no sólo es necesario que los productos cumplan con las exigencias establecidas por los gobiernos de cada país, a menudo basadas en normas internacionales de seguridad, sino también con las establecidas por sistemas de etiquetas y marcas voluntarios y privados.
Actualmente existen más de 400 sistemas privados y su número va en aumento, según la UNCTAD. Aunque los estándares privados no tienen fuerza de ley y se consideran “voluntarios’, en realidad son obligatorios si se quiere lograr que determinados alimentos lleguen a las estanterías de la mayor parte de los supermercados de países industrializados.
La proliferación de estándares privados nace de la mayor preocupación global por el desarrollo sostenible, apoyada por la demanda de igualdad social (ética, comercio justo, protección de los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo) e integridad ambiental (ciclo vital y etiquetado verde, así como asuntos de gestión ambiental y huella ecológica).
Aunque los estándares éticos y ambientales pueden aportar beneficios tanto a productores como a consumidores, su número creciente y la falta de armonización pueden suponer un impedimento para los productores de los países en desarrollo, lo que es contrario a los verdaderos objetivos de quienes proponen un comercio libre y justo y a lo que quieren los consumidores.
Si obtener la certificación orgánica o de comercio justo representa un plus para los exportadores de países en desarrollo, cumplir con las normas mínimas de seguridad alimentaria puede plantear problemas. En algunos casos, hay una superposición de los requisitos sanitarios y fitosanitarios de carácter privado y aquellos nacionales que son obligatorios; además, los requisitos de la certificación privada pueden ser incluso más rigurosos que los oficiales.
Formuladores de políticas, organismos de desarrollo del comercio y ONG pueden desempeñar un papel importante para ayudar a los productores de países en desarrollo a cumplir con las normas oficiales y privadas:
- obrando por la armonización de las normas y la creación de sistemas de equivalencia en los planos nacional, regional e internacional;
- suministrando información sobre normas y apoyando a los productores en la elección del sistema que mejor se ajuste a ellos y sus clientes;
- ofreciendo capacitación para mejorar el proceso de producción y cumplir con los mínimos requisitos jurídicos, en primer lugar para entrar en mercados desarrollados y, luego, ayudar a los productores a aplicar los consiguientes sistemas privados y obtener las certificaciones exigidas;
- maximizando la cooperación público-privada para que el procedimiento de certificación sea más accesible a los pequeños productores y, allí donde proceda, desarrollando mecanismos financieros que permitan a los exportadores financiar el procedimiento de certificación;
- representando los intereses y las preocupaciones de los productores en organismos normativos de carácter privado.
Este cuadro recoge algunas de las normas voluntarias y etiquetas privadas más comunes a las que tal vez deban ceñirse los productores para llegar a la canasta de compra de los países desarrollados. No es exhaustivo pero indica el laberinto con que tienen que vérselas los exportadores de países en desarrollo. Colaboradores: Audrey
Villinger, Ludovica Ghizzoni, ITC
Véase Export Quality Management en www.intracen.org
