Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hasta 27 millones de personas de la región de Asia y el Pacífico podrían perder el empleo este año y otros 140 millones de habitantes de las economías en desarrollo de la región verse sumidos en la extrema pobreza.
Si bien es cierto que la agravación de la crisis afectará a todos, las trabajadoras serán más duramente golpeadas y de forma diferente que los hombres, sobre todo, en los niveles inferiores de la escala socioeconómica. El hecho de que los formuladores de políticas no tengan en cuenta esta dimensión de género podría empeorar las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas, agudizar las desigualdades económicas y sociales, y echar por tierra los logros obtenidos tan duramente por toda una generación en términos de igualdad de salarios y de trato en el lugar de trabajo.
La concentración de trabajadoras se da en las industrias de exportación con alto coeficiente de mano de obra que abastecen a las cadenas mundiales de suministro. En cambio, los trabajadores tienden a repartirse en una gama más amplia de sectores. Las mujeres también son mayoría en los eslabones más bajos de las cadenas de suministro; sus empleos suelen ser ocasionales, informales o subcontratados y caracterizarse por la inseguridad, los bajos salarios, la precariedad de las condiciones de trabajo y la insuficiencia o inexistencia de sistemas convencionales de seguridad social. Principales proveedoras de cuidados en la familia, las mujeres se las ven en figurillas para conciliar sus diversas tareas en tiempos duros. De ello se deduce que al disminuir la demanda mundial de bienes y servicios, serán las primeras que perderán sus puestos de trabajo.
La experiencia de Asia durante la crisis económica de 1997 tiende a confirmar esta previsión. En Tailandia, las mujeres representaron el 95% de los despidos en el sector de la confección y el 88% en el de los juguetes. En Corea del Sur, el 86% de los despidos en los servicios financieros y bancarios recayó en las mujeres.
Las investigaciones muestran que cuanto más pobre son los hogares, más importantes son los ingresos de la mujer tanto para la subsistencia de la familia como para la salud y la educación de los hijos. Y a raíz de esa concentración en los empleos peor remunerados, las mujeres tienden a ahorrar menos, por lo cual, un pequeño recorte salarial o aumento de precios puede perjudicarles gravemente a ellas y las personas a su cargo. Una vez más, cifras de 1997 respaldan esta afirmación. En Filipinas, la pérdida del empleo trajo aparejada una caída del ingreso en 65% de los hogares, tratándose de trabajadores y en el 94% tratándose de trabajadoras.
Aunque desde el decenio de 1990, numerosos Estados asiáticos reforzaron sus regímenes de protección social –herramienta crucial de lucha contra la pobreza– todavía hay muchos donde las mujeres no tienen igualdad de acceso a la protección social. En unos casos, ello se debe a que las prestaciones sociales son poco frecuentes en empleos atípicos y mal pagados, así como en la economía informal; en otros, obedece a que los formuladores de políticas dan por sentado que las mujeres pueden apoyarse en los hombres, o bien, a que las prestaciones están directamente relacionadas con la conservación del empleo.
La cuestión es compleja. En algunos sectores, los hombres se llevarán la peor parte. Por ejemplo, la demanda de trabajadoras podría aumentar a medida que los trabajadores vayan siendo sustituidos por personal ocasional. Entre los trabajadores migrantes de las economías desarrolladas, enfermeras y doctoras, así como mujeres calificadas que ocupan puestos en otras especialidades de la atención de salud y las trabajadoras domésticas están menos expuestas al despido que los hombres, mayoritariamente empleados en la construcción, la industria manufacturera y la agricultura. Por lo tanto, es crucial que los gobiernos y las organizaciones de empleadores y trabajadores aborden las políticas desde la perspectiva de las mujeres y desde aquella de los hombres.
Programas de infraestructura e inversión públicas forman parte de todos los paquetes nacionales de respuesta a la crisis. Ahora bien, como estos programas crean empleo sobre todo en la construcción, las obras públicas y otros sectores técnicos, los hombres representan la mayor parte de los beneficiarios. Por consiguiente, no sólo se debería tratar de abrir esos puestos de trabajo a las mujeres, también habría que ampliar el concepto de `obras públicas´ para que abarcara servicios sociales, atención de salud, educación, y desarrollo de niños y jóvenes.
Las estrategias de contratación han de extenderse a las mujeres e incluir servicios de guardería y los paquetes de estímulo fiscal y económico prever medidas de apoyo a las microfinanzas que ayudaron a tantas mujeres a crear pequeñas empresas.
Además, las opiniones de las mujeres han de incluirse en el diálogo social y la dimensión social de las respuestas políticas abarcar la atención básica de salud, la maternidad y la educación. Sólo así, los paquetes de respuesta a la crisis serán verdaderamente eficaces.
En febrero de 2009, Amelita King Dejardin presentó el documento `Asia in the Global Economic Crisis: Impacts and Responses from a Gender Perspective´ en la conferencia sobre políticas para afrontar la crisis en Asia y el Pacífico, celebrada en Manila, Filipinas.
Esta es una versión abreviada del artículo publicado por primera vez en `The Japan Times´, el 8 de marzo de 2009
